El secuestro de cientos de jóvenes nigerianas por el grupo radical islámico Boko Haram ha ocupado los titulares noticiosos durante semanas. La comunidad mundial siente indignación ante la violación de principios y sensibilidades fundamentales: la prohibición de la esclavitud, la protección de la integridad personal, la obligación de proteger a los menores y el derecho de las adolescentes a recibir educación y escoger con quién y cuándo casarse.
La radical desigualdad de género en Nigeria refleja una tolerancia generalizada a la discriminación contra las chicas, que facilita las brutales acciones de grupos extremistas como Boko Haram y crea un terreno fértil para los traficantes. En circunstancias tan difíciles, no es difícil atraerlas con falsas promesas de trabajos atractivos en el exterior, a menudo en bares, restaurantes y clubes. De allí a condenarlas a una vida entera de explotación extrema hay solo un paso.
Como resultado, y a pesar de los valientes esfuerzos de los activistas por los derechos humanos, cada mes se trafican a Rusia al menos 200 jóvenes nigerianas para trabajar como prostitutas, según el embajador de Nigeria en Rusia, Asam Asam.
Lo ideal sería que el secuestro de las colegialas por Boko Haram logre dar ímpetus a una iniciativa mundial para proteger los derechos de las adolescentes africanas, tal como los disparos de los talibanes paquistaníes a Malala Yousafzai ayudaron a luchar contra la complacencia sobre la educación a las niñas en el Sur de Asia. La pregunta en el aire es si la comunidad global exigirá medidas para proteger los derechos y libertades básicos de las niñas nigerianas o seguirá meramente condenando una brutalidad que se comete allá lejos, al tiempo que no hace nada por la que ocurre en sus propias ciudades.
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